¿Comisión de la Verdad en Puerto Rico?

A principios de año, el ex gobernador de Puerto Rico Pedro Roselló propuso la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliacón en Puerto Rico de ser electo gobernador nuevamente. Según su propuesta, se le ofrecerá amnistía a aquellos que reconozcan haber cometido actos de corrpución o violación a los derechos civiles en el pasado. Roselló basa su propuesta en la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sur Africa (aunque su idea no se parece en practicamente nada a la experiencia en Sur Africa). A continuación está una carta que escribí sobre el tema y que fue publicada en el periódico El Vocero de Puerto Rico el 21 de enero de 2008:

Sobre Comisiones de la Verdad

por Joel A. Blanco Rivera, Archivero

¿Es necesaria una Comisión de la Verdad y Reconciliación en Puerto Rico, tal como lo propone el Dr. Pedro Roselló González? Antes de tomar juicio sobre el mismo, es importante entender qué son las Comisiones de la Verdad, por qué son creadas, y cuáles han sido sus funciones principales.

Las primeras Comisiones de la Verdad surgen en Latinoamérica a partir de 1982 ante la necesidad de investigar graves violaciones de derechos humanos durante periodos de dictadura, como los casos de Argentina y Chile durante las décadas del 70 y 80, o como consecuencia de guerras civiles, como en el caso de El Salvador. Más de veinte Comisiones de la Verdad han sido establecidas a nivel mundial, siendo el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sur Africa el más conocido. Estas comisiones surgen como parte de un proceso de transición a un sistema de gobierno democrático. Además, la gran mayoría de las comisiones son establecidas ante la dificultad de procesar criminalmente a miembros del régimen autoritario, y en el caso de guerras civiles, como parte del proceso de negociación de paz.

Existe otra función importante en el trabajo de las Comisiones de la Verdad, y el mismo esta relacionado a la memoria colectiva del país. Durante el periodo de régimen autoritario o de guerra civil, las víctimas de violaciones de derechos humanos son silenciadas por medio de la persecución, tortura, asesinatos y desapariciones. Por lo tanto, las Comisiones de la Verdad se convierten en la voz de las víctimas, y tienen la responsabilidad mayor de establecer la verdad oculta durante los años de represión, a la vez que recomienda mecanismos para compensar a las víctimas y/o a sus familiares. Estas recomendaciones incluyen el establecer espacios de conmemoración, como por ejemplo memoriales y archivos, para que ese pasado no se olvide.

Es dentro del marco de esta función que surgen los llamados a la reconciliación y al perdón, el cual es una de las razones principales que explica el Dr. Roselló para justificar su propuesta. Sin embargo, el proceso es más complicado que ofrecer amnistías para aquellos que reconozcan haber cometido delitos de corrupción, persecución política o violaciones a los derechos civiles. Inclusive, existe debate en cuanto a si los trabajos de las Comisiones de la Verdad realmente logran reconciliación nacional. Además, la proliferación de estas comisiones ha levantado voces de alerta, ante la preocupación de que se desvirtúen sus responsabilidades y funciones. Lo último es mi mayor preocupación sobre la propuesta del ex Gobernador.

Puerto Rico no necesita una Comisión de la Verdad. El país cuenta con las leyes necesarias para procesar criminalmente a aquellos que cometen delitos de corrupción o violaciones de derechos civiles. Lo que Puerto Rico necesita son puertorriqueños y puertorriqueñas que hagan cumplir las leyes, y que cumplan con su responsabilidad por encima de sus intereses personales o políticos.

Puerto Rico sí necesita Reconciliación. El discurso y ambiente político ha creado divisiones profundas en la sociedad puertorriqueña y ha silenciado el verdadero debate de ideas, disminuyéndolo a ataques de ideología política. Sin embargo, para lograr esta reconciliación no hace falta una Comisión de la Verdad. Lo que hace falta es voluntad.

A fortalecer la educación de los archiveros

Mi experiencia como profesor para el certificado de Archivos y Administración de Documentos en la Universidad de Puerto Rico fue la que causó mi interés en realizar estudios doctorales. Fue una experiencia enriquecedora la cual compartí con un excelente grupo de estudiantes con un gran deseo de conocer más sobre la archivística. Pero al igual que viví muy gratas experiencias durante ese año que estuve educando, y los meses que ofrecí un curso en Caribbean University, también me di cuenta de las limitaciones que existen en la educación universitaria para archiveros. Es imperativo superar estas limitaciones y fortalecer la educación de la archivística en Puerto Rico.

En su descripción sobre la expansión de la investigación dentro de la archivística desde 1990, Anne Gilliland y Sue McKemmish exponen los factores que han causado tal expansión, los cuales incluyen la construcción de nuevas teorías y un crecimiento en programas graduados que incluyen doctorado (Gilliland y Mackemmish, p. 20). Este desarrollo de programas graduados ha causado el que se estudie la archivística más allá de en términos prácticos. El conocimiento de la archivística ha ido más allá de los principios de procedencia y orden original y de seguir estándares de descripción como la ISAD(G). Solamente en el área de valoración, han surgido nuevas teorías tales como la estrategia de documentación, macro-valoración (macroappraisal), análisis funcional, entre otros. Esto nos lleva a la necesidad de estudiar y conocer no solo cómo organizar, describir, y preservar archivos, sino que más importante aún, entender el valor de los documentos en la sociedad y entender los sistemas de gestión de documentos. Más aún, debemos cuestionarnos si las corrientes prácticas archivísticas son exitosas o si debemos dar oportunidad a desarrollar nuevas ideas y estrategias para fortalecer la profesión. En otras palabras, en vez de preguntarnos cómo debemos cuestionar por qué.

La archivística en Puerto Rico debe moverse hacia esa dirección. Se debe erradicar la idea de ver la educación archivística como una guía de cómo hacer las cosas (en Estados Unidos todavía existe este problema). Se debe desarrollar una educación que logre el que los archiveros entiendan la importancia que tienen los archivos en la sociedad, una importancia que va más allá del simbolismo y lo cultural. Se debe desarrollar una educación archivística que invite al estudiante a entender, y cuestionar, los principios teóricos que forman parte de la archivística y a entender cómo aplicar estos principios en la práctica.

¿Cómo se puede lograr estos cambios? En gran parte, se debe repensar cómo se ofrece la educación archivística en la Universidad de Puerto Rico y en Caribbean University. La educación archivística debe ir más allá de tomar varios cursos y obtener un certificado. ¿Cómo debería ser el nuevo currículo de archivística en la universidad? Elaboraré en esta pregunta más adelante.

Referencia

Anne Gilliland y Sue McKemmish, "Contruir una infraestructura para la investigación archivística," en Anne Gilliland y Sue McKemmish, eds. Nuevos métodos de investigación en archivística (Cartagena: Ayuntamiento. Concejalía de Cultura. 3000 Informática, 2006): 15-62

Evidencia desclasificada: Estados Unidos y Pinochet

Peter Kornbluh, The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (New York: The New Press, 2003)

El libro The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, escrito por Peter Kornbluh presenta la descripción más completa sobre el rol del Gobierno de Estados Unidos (GEU) antes y durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Además presentar una descripción histórica de este periodo, el libro incluye copias de una considerable cantidad de documentos desclasificados. La colección completa de documentos desclasificados totaliza alrededor de 24,000 y están disponibles al público a través del Internet en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos (http://foia.state.gov/SearchColls/CollsSearch.asp). Esta colección es evidencia de que el gobierno de E.U. aceptó el régimen de Pinochet, aún cuando fue establecido a través de un golpe de estado al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Más aún, la evidencia recopilada en los documentos creados por la CIA, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional entre otras, demuestra que el gobierno de E.U. brindó apoyo económico, militar y de inteligencia al régimen Pinochet. Peter Kornbluh lo representa de la siguiente manera:

La milicia Chilena aplicó los electrodos, haló el gatillo, y cavó las tumbas secretas durante la dictadura; pero ante los ojos de muchas víctimas, y muchos observadores alrededor del mundo, los Estados Unidos sirvió como cómplice activo en el final de la democracia chilena y la consolidación de la dictadura de Pinochet. (p. 486, traducción por Joel Blanco)

El libro incluye el periodo del gobierno de Allende, 1970-1973 (capítulo 2) y describe los planes de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno chileno por se uno socialista. Los planes incluyeron proveer ayuda financiera a medios de comunicación chilenos opuestos al gobierno de Allende, como el periódico El Mercurio, además de mantener comunicación con las fuerzas armadas chilenas, lo que demuestra que estaban al tanto de los planes para el golpe de estado. Hasta el Presidente Richard Nixon expresó su deseo de sacar a Allende de la presidencia. En la trascripción de una reunión del presidente con el Consejo de Seguridad Nacional, Nixon indica que “nuestra mayor preocupación en Chile es la posibilidad de que él [Allende] pueda consolidar su presidencia y la imagen proyectada al mundo será su carta de éxito. Un enfoque públicamente correcto está bien. Privadamente debemos enviarle el mensaje a Allende y a otros que nos oponemos a él.” (copia del memorando publicado en las páginas 116-120 del libro, traducido por Joel Blanco). La colección de documentos desclasificados son la mejor evidencia de cómo la administración Nixon estaba enviando el mensaje a Allende.

Los capítulos 3 al 7 describen el rol del GEU luego de que Pinochet tomara el poder y estableciera su dictadura que fue responsable de extremas violaciones a los derechos humanos a través del carpeteo, tortura, asesinato y “desaparición” de opositores a su gobierno. Inclusive, en casos donde ciudadanos americanos fueron victimas del régimen, el GEU no actuó a favor de ellos y hasta cierto punto fueron cómplices. Esto se demuestra en el libro a través de los casos de Charles Horman, Frank Teruggi y Boris Weisfeiler. El caso de Horman, un joven periodista americano que fue torturado y asesinado por la milicia chilena días después del golpe de estado, es el tema de la película Missing, filmada en 1982. La película y los documentos desclasificados demuestran que el GEU estaba al tanto de la detención y ejecución de Horman pero ocultaron información a su padre y su esposa, llegando al punto de indicarles que Horman estaba escondido o que fue asesinado por guerrillas de la izquierda.

Si bien la manera en que el gobierno de E.U. manejó el caso de Charles Horman es deplorable, mayor aún es como manejó el peor acto de terrorismo internacional llevado a cabo en suelo norteamericano antes de los ataques del 11 de septiembre. El 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier y Ron Karpen Moffitt fueron asesinados durante la explosión de su automóvil en Washington DC. Letelier fue miembro del gabinete de Salvador Allende y fue expulsado de Chile por el gobierno de Pinochet un año después de estar encarcelado por el régimen. En Washington Letelier estaba logrando apoyo internacional para denunciar la dictadura de Pinochet. Esto lo convirtió en enemigo del gobierno chileno, lo que provocó que se ordenara su muerte. Su asesinato formó parte de Operación Condor, un consorcio entre países de América del Sur para supuestamente combatir terrorismo y la subversión. Sin embargo, Condor se convirtió en un aparato de terrorismo de estado. Los países involucrados a Operación Condor colaboraron en la persecución, secuestro, tortura y asesinato de la oposición. Orlando Letelier era una de las tarjetas.

¿Cuánto sabía el gobierno de E.U. sobre el asesinato de Orlando Letelier? El libro explica que la administración de Gerald Ford, y particularmente Henry Kissinger y la CIA, tenían amplio conocimiento sobe Operación Condor y sus actividades terroristas desde antes del asesinato de Letelier y Moffitt. Pero este conocimiento fue ocultado a propósito a los familiares de las víctimas y al público, e inclusive a los oficiales del Departamento de Justicia que investigaron los hechos. (p. 346)

No fue hasta cerca de 30 años después del golpe de estado que el público en general y los familiares de las víctimas de la dictadura tuvieron la oportunidad de acceder la colección de documentos desclasificados. Y el lograr la apertura de los documentos no fue tarea fácil. En el epílogo, Kornhbluh describe cómo la detención de Pinochet en octubre de 1998 en Londres y las peticiones de evidencia a los E.U. de parte de los jueces españoles Baltasar Garzón y Manuel García Castellón jugaron un papel esencial para lograr el Chile Declassification Project. La respuesta inicial del gobierno de E.U. a las peticiones de los jueces fue de no entregar documentos, en gran parte por lo que los documentos evidencian sobre las relaciones de E.U. y Chile durante la dictadura. Eventualmente, la administración Clinton decidió desclasificar los documentos y publicarlos en el Internet para acceso de todo el público interesado. Los aproximadamente 24,000 documentos constituyen sobre 150,000 páginas de valor histórico.

Este proyecto puede ser considerado una victoria a favor de la transparencia en el gobierno y su responsabilidad de responder por sus actos ante sus constituyentes. Sin embargo, en este caso no todos los documentos fueron desclasificados. Uno de los mejores ejemplos es la carpeta 201 de Augusto Pinochet, en poder de la CIA, el cual contiene la información más sensitiva sobre Pinochet, y se mantiene clasificado como secreto.

Estoy convencido que The Pinochet File es un libro que debe leer todo aquel interesado en estudiar las políticas del gobierno de E.U. en Latinoamérica. ¿Y que nos ofrece el libro a nosotros los archiveros? El mismo es una sólida evidencia del poder y el valor de los documentos como evidencia para que los gobiernos respondan por sus actos. Y esto debe aplicar a aquellos archiveros y administradores de documentos que trabajan con corporaciones privadas, universidades, etc. Tenemos la gran responsabilidad de asegurar que los ciudadanos puedan lograr acceso a los documentos y de preservar estos documentos para futuras generaciones. En Puerto Rico casos como el de las carpetas de la Policía de Puerto Rico y del FBI, documentos sobre Cerro Maravilla, y otros casos que afectaron, y siguen afectando, la sociedad puertorriqueña requieren de la responsabilidad profesional y ética de los archiveros para ser agentes de cambio. Estos casos son ejemplos que sirven además para que desarrollemos un rol más activo promocionando la transparencia del gobierno y así contribuir al fortalecimiento de la democracia.

Una perspectiva sobre la valoración

Se puede decir que la ordenación y descripción de fondos documentales y colecciones particulares es el área dentro de la archivística que más se discute. ¿Cómo implementar la ISAD(G) a la descripción de documentos? ¿Cómo organizar y describir los fondos documentales de manera que podamos ofrecerle al usuario las herramientas necesarias para llevar a cabo su investigación? Sin embargo, el archivero no lleva a cabo el proceso de organización y descripción sin antes haber llevado a cabo un proceso más importante: la valoración. Es un hecho que no podemos preservar todo (en Estados Unidos menos del 5% de toda la documentación del gobierno federal es preservada). Y esto también queda demostrado con el crecimiento constante de documentos electrónicos. Por lo tanto, como archiveros tenemos la responsabilidad, y yo diría también el poder, de seleccionar qué debe ser considerado de valor histórico. Pero, ¿qué criterios se utilizan para tomar esa decisión? ¿Cómo definimos el concepto de ‘valor histórico’?

No existe una fórmula específica que podamos utilizar para llevar a cabo el proceso de valoración. Sin embargo, desde principios del siglo 20 se ha ido desarrollando la discusión al respecto, siendo dos de los protagonistas el archivero británico Hillary Jenkinson y T.R. Shellenberg, del Archivo Nacional de Estados Unidos. Mientras Jenkinson argumentaba que la selección de documentos para ser preservados era responsabilidad del creador del documento y no del archivero, Shellenberg defendía el argumento de que es el archivero quién tiene la responsabilidad de hacer la selección una vez el documento cumple con las funciones por las cuales fue creado. (Boles, 2005: 11-18).

Las ideas sobre valoración presentadas por Shellenberg están basadas en el concepto del ciclo de vida de los documentos, el cual implica que los documentos tienen un principio (creación) y un fin (descarte o preservación). Sin embargo, este concepto ha sido disputado, especialmente por archiveros de Australia, con el concepto de records continuum. A diferencia del ciclo de vida de los documentos, en el cual el archivero toma decisiones de preservar o descartar al final del ciclo de vida, en records continuum el archivero y el administrador de documentos participan de una manera más activa inclusive antes de que los documentos son creados. (Cox, 2004: 156) Este concepto ha sido desarrollado en parte a consecuencia de la creación e implementación de sistemas de información para manejar documentos electrónicos, content manager.

Entre las estrategias para llevar a cabo valoración, uno de las más recientes es la estrategia de documentación (documentation strategy). Uno de los mayores elementos de esta estrategia es que para lograr desarrollar políticas efectivas para la selección de documentos de valor histórico, es esencial la participación activa no sólo del archivero, sino que también del creador de los documentos (sea un individuo, organización o institución), y usuarios entre otros. (Hackman and Warnow-Blewett, 1987: p. 14). Este proceso requiere que el archivero no solo analice los documentos en sí, sino que también tome en consideración la función de los documentos dentro del contorno en el que fueron creados, viendo la serie de documentos como parte de un todo. Quienes critican esta estrategia, indican que la misma no es práctica debido a las limitaciones que tienen los archiveros en términos de tiempo y recursos. Inclusive, uno de sus críticos, Ferry Abraham, argumenta que aún no existe un proyecto desarrollado y llevado a cabo por archiveros que demuestre que es posible utilizar la estrategia de la documentación exitosamente (Abraham, 1995).

Se puede decir que las críticas son válidas. Sin embargo, la estrategia de documentación debe ser puesta a prueba en el manejo de documentos electrónicos, y no tengo conocimiento que esto se ha llevado a cabo. Como mencione anteriormente, para lograr los mejores procedimientos de manejo de documentos electrónicos es importante que el archivero o el administrador de documentos contribuyan al desarrollo de políticas e implementación de un sistema de manejo de documentos electrónicos. Y esto a su vez requiere la participación de expertos en sistemas de información, así como creadores y usuarios de los documentos.

Existen otras estrategias de valoración, las cuales explicaré en otros escritos. Sin embargo, quiero concluir comentando acerca del valor de documentos como evidencia, y cómo esto influye a la decisión final de qué preservar. Y para esto cito las palabras de Richard J. Cox.

“El rol del archivero no es reformar la sociedad, sino identificar y preservar la evidencia creada por sus instituciones y habitantes… Los archiveros pueden reconsiderar su responsabilidad como protectores de la evidencia que se encuentra en los documentos sirviendo a sus creadores mientras también se aseguran que los creadores de los documentos respondan por sus actos ante la sociedad.” (Cox, 2000: 111)

Fuentes recomendadas

Frank Boles, Selecting & Appraising: Archives & Manuscripts (Chicago: The Society of American Archivists, 2005)

Richard J. Cox, Closing an Era : Historical Perspectives on Modern Archives & Records Management. Chapter 5. (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2000)

Richard J. Cox, No Innocent Deposits: Forming Archives by Rethinking Appraisal (Oxford: Scarecrow Press, 2004)

Larry J. Hackman and Joan Warnow-Blewett, “The Documentation Strategy Process: A Model and a Case Study,” American Archivist 50 (Winter 1987)

Terry Abraham, “Collection Policy or Documentation Strategy: Theory and Practice,” American Archivist 54 (Winter 1991): 44-52

Nota introductoria

Este blog tiene como propósito principal compartir mis reflexiones sobre la importancia de los archivos y el valor que tiene nuestra profesión en la sociedad. La mayoría de las opiniones e ideas que presente aquí serán producto de los cursos y proyectos que esté realizando como parte de mis estudios doctorales, buscando además poder integrar estas ideas a la archivística en Puerto Rico. Aunque no tengo un listado específico de temas a tocar, si tengo un especial interés en crear mayor discusión relacionada al valor de los documentos como fuentes de evidencia. Se ha establecido un enfoque de que los archivos tienen simplemente un rol cultural, sin embargo, nuestra función como archiveros(as) va más allá. Joan M. Schwartz y Terry Cook, archiveros de Canadá, discuten el valor y el poder de los archivos:

Los archivos – como documentos – ejercen el poder sobre la forma y dirección de la investigación histórica, la memoria colectiva, e identidad nacional, sobre cómo nos conocemos como individuos, grupos, y sociedades. Y en última instancia, a través de sus responsabilidades profesionales, los archiveros – como custodios de los archivos – ejercen poder sobre esos mismos documentos, los cuales son eje central en la formación de nuestra memoria e identidad, a través del manejo activo de los documentos antes de ser depositados en el archivo, a través de su valoración y selección, y luego a través de su descripción, preservación y uso. (Scwartz and Cook, “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory,” Archival Science 2 (2002), p. 2)

Espero que este pequeño proyecto que estoy desarrollando les sirva de ayuda. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos.